La ex candidata presidencial de izquierda Luisa González fue arrestada en Ecuador por presuntos delitos de blanqueo de activos relacionados con su campaña electoral de 2023. La policía la detuvo en su domicilio en la provincia de Manabí. González, miembro del movimiento político Revolución Ciudadana, fue finalista en dos elecciones presidenciales, pero perdió ambas veces ante el actual mandatario Daniel Noboa.
La detención de González se produjo en un contexto de tensión política. El ministro del Interior, John Reimberg, vinculó los disturbios en dos centros penitenciarios con el arresto de la excandidata. En las revueltas, al menos ocho presos murieron y diez resultaron heridos. Los incidentes ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi y en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha.
La oposición ecuatoriana considera que la detención de González busca distraer la atención de los problemas del país. Legisladores del movimiento Revolución Ciudadana, como Paola Cabezas y Virgilio Hernández, sostienen que el arresto es una estrategia política para minimizar la presión sobre el gobierno. Mientras tanto, simpatizantes del correísmo se manifestaron frente a instituciones judiciales exigiendo la liberación de González.
La situación refleja la polarización política en Ecuador, donde la detención de una figura opositora ha desencadenado reacciones violentas en el sistema penitenciario. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, mientras las autoridades buscan controlar la crisis.
