La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció el 9 de octubre sanciones económicas contra la Corte Penal Internacional (CPI), según informes de medios cubanos y mexicanos. Las medidas limitan los movimientos financieros de la CPI con instituciones estadounidenses hasta el 7 de abril de 2027. La decisión se tomó días después de que la exjuez de la CPI, Navi Pillay, fuera galardonada con el Nobel de la Paz 2026.
El gobierno de Trump justificó las sanciones como una respuesta a lo que considera interferencia de la CPI en asuntos internos de Estados Unidos. La CPI, en respuesta, calificó las medidas como un ataque directo al Estado de derecho y a la independencia de los tribunales internacionales. Varios países, incluida Italia, respaldaron la independencia de la CPI y rechazaron las sanciones estadounidenses.
La CPI, fundada en 1998, tiene como objetivo juzgar crímenes internacionales como el genocidio, el crimen de guerra y la extinción de una nación. La sanción estadounidense representa una ruptura con la cooperación histórica entre Estados Unidos y la CPI, que ha sido criticada por algunos sectores por su supuesta sesgo contra Estados Unidos. La CPI ha sido también reconocida por su labor en casos de derechos humanos, lo que ha generado controversia en Washington.
Las sanciones estadounidenses son una medida inédita en la historia de la CPI, que ha sido siempre considerada una institución independiente y neutral. La decisión de Trump ha generado reacciones internacionales, con algunos países expresando su apoyo a la CPI y otros advirtiendo sobre el impacto en la justicia global.
